El riesgo de impago y la morosidad

¿Tienes una empresa y te produce temor el riesgo de impago de tus clientes? No eres el único. La morosidad es uno de los grandes males contra los que se ven obligadas a luchar las pymes. De hecho, dos de cada tres se ven afectadas por este problema, y aunque en estos últimos tiempos de recuperación económica los porcentajes se han reducido, aún sigue siendo una de las causas por las que algunos de estos negocios, asfixiados por la caída de ventas y el impago de sus facturas, se ven obligados a cerrar sus puertas.



Esta situación se veía agravada en los años de crisis económica, en los que alrededor de un 25% de estas compañías caían en la ruina como consecuencia de confiar en clientes que después no cumplían con sus obligaciones. La legislación vigente desde 2004 sufrió una importante modificación en 2010, en pleno punto álgido de la recesión económica, con el objetivo de proteger a este sector desvalido y frenar la destrucción de empleo que se estaba sufriendo como consecuencia del cerrojazo de muchas pymes.



La ley de la morosidad reducía los plazos máximos de pago en las operaciones comerciales a 60 días en el caso de las empresas privadas, y a 30 cuando se trataba de Administraciones públicas. Asimismo, contemplaba la posibilidad de permitir la reclamación de intereses de demora e indemnizaciones por los gastos derivados de esta situación de impago a los que se tuviera que hacer frente.

Cuando los impagos se agravan se produce un desajuste en tesorería y una falta de liquidez que, en muchos casos, conduce directamente a la bancarrota. Autónomos y pymes unieron fuerzas para luchar porque esta situación fuera regulada, y a raíz de la entrada en vigor progresiva de esta ley, la morosidad se ha visto reducida; ahora el período medio de pago se encuentra en 75 días.



Aun así, este problema sigue acuciando a muchas compañías, que no obstante tienen en su mano la capacidad para tomar medidas que reduzcan este riesgo. Los departamentos de recursos humanos deben elaborar y manejar a conciencia bases de datos en las que se controle a los clientes de dudoso cobro para así aminorar el impacto negativo sobre sus cuentas que puede significar sufrir este tipo de situaciones.




Bases de datos e informes comerciales para minimizar riesgos

A la hora de analizar los riesgos de aquellas ventas y operaciones comerciales en las que se acuerda con el cliente un pago aplazado, es importante disponer de una información adecuada para tomar decisiones en consecuencia. Hay numerosas fuentes de información a las que se puede acudir para comprobar la posición financiera de dichos clientes y valorar su capacidad o intención de cumplir con sus obligaciones de pago.



Lo más importante es elaborar una información interna rica y actualizada, si bien es importante tener especial cuidado a la hora de efectuar valoraciones para evitar contaminar la calidad de dicha información. Los departamentos de administración y recursos humanos deben controlar y gestionar estos informes, que generalmente estarán elaborados por el equipo comercial en función de su experiencia con las visitas comerciales y el trato directo con los clientes. En este sentido, esta área de la empresa se encuentra en primera fila en la relación con los compradores, de ahí que su criterio deba ser tenido muy en cuenta.




Recursos humanos, internos y externos, disponibles para contrastar información y gestionar ventas

Estos informes comerciales elaborados por agentes internos, en función de la experiencia vivida con los clientes, pueden verse contrastados y enriquecidos por otros recursos externos que están a disposición de las empresas. Por ejemplo, los numerosos registros de morosidad que se encuentran accesibles en los que se reflejan datos de clientes en posición financiera dudosa.



Los más conocidos y significativos son el Registro de Aceptaciones Impagadas (RAI), el Centro de Información de Riesgos cel Banco de España (CIRBE), solamente accesibles para entidades crediticias, y bureaus de crédito como Experian o ASNEF.



Por otra parte, hay empresas privadas que se dedican a elaborar información económica y comercial objetiva, la cual ponen a disposición de autónomos y pymes. Estas compañías realizan informes de empresas, efectúan ratings predictivos o valoraciones de empresa de calificación y también informes investigados.



Para la elaboración de informes comerciales, el equipo de recursos humanos o administración de las pymes puede valerse de información pública sobre los bienes del cliente, su información contable si se trata de otra empresa, conocer el nombre de sus accionistas... Suelen ser datos históricos contrastables, pero objetivos y homogéneos. En este sentido, es posible valerse del BOE y los boletines de la comunidad y la provincia, del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), el Depósito de Cuentas del Registro Mercantil o el Registro de la Propiedad.



En base a toda la información recopilada, las empresas tienen la posibilidad de tomar decisiones al respecto a la hora de realizar operaciones comerciales o ventas concedidas a plazos. Pueden restringir las normas de cobro, negar el crédito o acelerar el proceso de reclamación de impagados en caso de que existan situaciones de morosidad.